AUBASA endurece las sanciones por evasión en la Autopista Buenos Aires-La Plata: escalas de hasta 684.300 pesos

Pasar por un peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata sin abonar puede significar un cargo de entre $228.100 y $684.300 para el conductor, siempre que las autoridades terminen aplicando el extremo superior de la escala prevista por AUBASA. El piso de la sanción equivale, en septiembre del corriente año, a cien veces el valor de la Unidad Fija establecida por la Provincia de Buenos Aires, una variable que se actualiza de manera periódica y que terminó ubicándose en $2.281 por unidad.

En la práctica, el cuadro tarifario del corredor muestra que el costo legal de utilizar la autopista para un vehículo de dos ejes se ubica muy por debajo de la sanción por evadir el cobro. Según los cuadros vigentes, una pasada manual en dirección a la Ciudad de Buenos Aires arranca en valores cercanos a los $1.300 en la barrera de Villa Elisa fuera de los horarios de mayor demanda, y llega hasta $6.000 en la estación Hudson en hora pico. El rango se repite con variaciones para las motos, que pueden pagar manualmente entre $700 y $3.000, según el tramo y el momento del día.

Cómo se compone el cuadro tarifario actual

• Vehículos de dos ejes hacia La Plata: $2.400 fuera de hora pico y $3.000 en hora pico en Dock Sud, Hudson y Gutiérrez; con TelePase, $2.395,04 y $2.993,80, respectivamente.
• Vehículos de dos ejes en Villa Elisa: $1.300 fuera de hora pico y $1.600 en hora pico, en el sentido hacia la capital bonaerense.
• Vehículos de dos ejes hacia la Ciudad de Buenos Aires por Hudson: $4.800 fuera de hora pico y $6.000 en hora pico.
• Motos en general: pasada manual entre $700 y $3.000, según la estación y la franja horaria.

La diferencia entre la multa más baja prevista y la tarifa manual más cara disponible en el corredor resulta elocuente: la sanción mínima representa, en los hechos, varias decenas de veces el costo de haber pagado el peaje en el momento. La empresa estatal concesionaria suele aplicar el piso de la escala, es decir, 100 Unidades Fijas, que equivalen a $228.100 en septiembre de 2026. Cuando la infracción se encuadra en los supuestos más graves previstos en la normativa, el valor de las Unidades Fijas puede trepar hasta 300, lo que lleva la multa a $684.300.

El procedimiento antes de que llegue la sanción

Antes de que el acta se convierta en una multa firme, el sistema contempla una etapa de regularización voluntaria. El titular del vehículo dispone de treinta días corridos para abonar los peajes pendientes y, al mismo tiempo, adherirse al sistema TelePase. Si el contribuyente no utiliza esa ventana para ponerse al día, el expediente pasa a la autoridad competente, que queda encargada de emitir la sanción correspondiente y de notificarla en los plazos administrativos previstos.

La detección de las infracciones se realiza a través de las cámaras instaladas en las estaciones de cobro de la traza. El sistema registra una imagen del vehículo junto con la fecha, la hora y el lugar del paso, datos con los que posteriormente se conforma el acta. Ese soporte documental es el que sustenta el cargo, y el mismo puede ser cuestionado por el infractor mediante un descargo ante el juzgado administrativo provincial de tránsito competente si considera que la infracción es incorrecta.

Para los usuarios que ya cuentan con TelePase y que hayan atravesado un error o un inconveniente en el cobro, AUBASA mantiene abiertos dos canales de consulta durante los treinta días posteriores al hecho: la línea 0800-666-8353 y el contacto con AUBOT al 11 3931-2406. El operador asignado puede revisar el caso y, eventualmente, revertir el cargo antes de que el episodio escale hacia una instancia sancionatoria formal.

El cuadro tarifario y el régimen sancionatorio configuran, en definitiva, un esquema en el que el costo de la evasión termina siendo muy superior al de la utilización regular de la autopista. Para los automovilistas que utilizan la traza de manera cotidiana, la comparación entre una pasada manual en hora pico y la multa mínima vigente resulta una referencia elocuente a la hora de evaluar el impacto en el presupuesto de traslados.