Córdoba: meses de espera para acceder a terapias, prótesis y medicamentos por la discapacidad

Son las nueve de la mañana y en la puerta del centro de salud de barrio todavía hay varias personas sentadas en los bancos de la vereda, con la carpeta bajo el brazo y esa mirada paciente de quien ya perdió la cuenta de cuántas veces volvió. En Córdoba, conseguir un turno para certificar una discapacidad, iniciar una rehabilitación o recibir una prótesis puede implicar meses de espera, y esa espera cambia la vida dentro de las casas: reorganiza trabajos, vacía ahorros y deja tratamientos a medias. Eso es lo que acaba de dejar por escrito la Defensoría del Pueblo provincial en un informe presentado el 5 de octubre de 2026, donde se relevan los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a prestaciones que, en los papeles, deberían estar garantizadas.

El documento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, no pretende ser una medición estadística de la problemática pero sí describe con crudeza lo que viven las familias. Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Ciudad de Córdoba tiene juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses. A eso se suman dificultades para conseguir consultas con especialistas, un paso previo que muchas veces resulta tan trabado como el trámite principal.

Los plazos que describe el informe

• CUD en hospitales pediátricos: esperas de dos a tres meses para conseguir turno.
• Prótesis y medicamentos: demoras de cuatro a nueve meses según el caso.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo de la investigación, fue claro al presentar los números: las esperas se cuentan en meses y, en algunos casos, superan el año. Esos plazos corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, pero marcan un piso de demora que se repite en los relatos recogidos.

Mientras tanto, las familias ponen plata de su bolsillo. Una madre de Río Cuarto entrevistada para el estudio contó que sostuvo durante alrededor de dos años la atención particular de su hijo y que desembolsa entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, una cifra que se suma a los gastos en terapias, transporte y apoyos escolares. El relevamiento también describe una sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres: madres que redujeron su jornada laboral y, con ella, sus ingresos, para acompañar tratamientos que el sistema público no logra sostener con la frecuencia necesaria.

Las dificultades, además, golpean a quienes prestan los servicios. El informe registra atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales, una situación que complica la continuidad de las prestaciones. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336%, una diferencia que deja a muchos centros trabajando a pérdida. En el mismo lapso, la nafta súper subió 559% y el valor reconocido por kilómetro se actualizó apenas 231%, lo que encarece el traslado de los prestadores y de las propias familias.

En la vereda del centro de salud, una mujer revuelve los papeles mientras le cuenta a su vecina que ya perdió dos turnos seguidos y que el próximo le dieron para dentro de tres meses. La escena se repite en distintos pueblos y barrios de Córdoba y, tal como reconstruyó la Defensoría, se parece mucho a la que viven quienes deben esperar una prótesis, un medicamento o un lugar en un centro de rehabilitación. La espera, en definitiva, se mide en meses: y cada mes que pasa es un tratamiento que se posterga, un sueldo que se resigna y una familia que se rearma como puede para que el derecho no quede solo en el papel.