San Isidro representaba una anomalía dentro del conurbano: políticas preventivas sostenidas, vigilancia activa y autonomía táctica. Hoy, ese modelo está desmantelado.

Lanús asumió e inició un desmonte estructural que no parece casual. Su primer movimiento: limitar el acceso directo de los agentes policiales a sus sueldos. Resultado: patrullas desmotivadas, operativos discontinuos, abandono del sistema y cámaras de vigilancia desconectadas.

El caso más simbólico lo dice todo: la misma banda que asesinó a un empresario entró antes a robar en la casa del hermano del intendente, y luego ""ajustó cuentas por error"" con un jubilado en pleno Béccar. El caos no distingue apellidos ni edades.

Y la pregunta incómoda empieza a flotar: ¿es esta una estrategia de liberación planificada? ¿Estamos ante un experimento político donde la seguridad se entrega para ensayar otra lógica de control?

El silencio de la intendencia no ayuda. Y los vecinos, mientras tanto, se sienten parte de un ensayo sin salida.