El régimen que compatibiliza empleo rural temporario con planes sociales se prorroga por un año más

Para decenas de miles de familias del interior productivo argentino, la llegada de cada temporada de cosecha plantea un dilema cotidiano: aceptar un empleo registrado y poner en riesgo los planes sociales que sostienen el hogar durante el resto del año, o rechazar la oferta formal para no perder esa red de contención. Un régimen puesto en marcha en 2021 resolvió esa disyuntiva al permitir que ambas percepciones coexistan, y acaba de ser prorrogado hasta el 1 de septiembre de 2027 mediante el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la información oficial, la medida alcanza a alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y estacionales, y cubre también a unos 83.000 hijos de aportantes. La prórroga se extiende por doce meses y fue resuelta luego de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtiera que cerca de 120.000 puestos de trabajo del sector estaban en riesgo por la incertidumbre sobre la continuidad del esquema.

Qué trabajadores quedan comprendidos

La normativa aplica a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales. También alcanza a los trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una figura diseñada para sectores con fuerte estacionalidad.

• Asignaciones familiares, con un piso equivalente al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo.
• Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin tope de duración mientras dure la contratación.
• Programa Volver al Trabajo, según las condiciones de cada caso.
• Reducción de contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades.

Un punto clave del esquema es el piso de ingresos para los hogares con hijos: las asignaciones familiares que se perciben durante estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo. La cláusula se diseñó para garantizar un ingreso mínimo a las familias independientemente de la duración de la temporada de trabajo.

En paralelo, cuando una relación laboral bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte integrante del salario. Esa disposición apunta a ordenar la transición hacia un empleo formal pleno, sin generar saltos bruscos en los ingresos del trabajador.

Del lado de los empleadores, el régimen contempla además una reducción de las contribuciones patronales para quienes contraten bajo estas modalidades, un incentivo orientado a promover la registración laboral en el sector agropecuario y a morigerar el impacto de la estacionalidad sobre los costos de producción. La iniciativa se inscribe en una línea de política que, según el material oficial, busca consolidar la formalización en las economías regionales sin resignar la protección social que reciben las familias fuera de los picos de cosecha.