En un giro hacia la descentralización, el Gobierno ha transferido a las provincias la responsabilidad de asistir a las personas en situación de calle. Esta medida apunta a mejorar la eficacia de la ayuda social al permitir que los gobiernos provinciales, más cercanos a la realidad de estas personas, gestionen los recursos y políticas pertinentes.

La decisión surge a raíz de la creciente preocupación por el número de personas sin hogar en el país, que ha aumentado en los últimos años. Al trasladar la responsabilidad a las provincias, el Gobierno espera que las medidas de asistencia sean más efectivas y se adapten mejor a las necesidades locales.

Aunque esta delegación de responsabilidades representa un cambio significativo, también plantea desafíos. Las provincias tendrán que demostrar su capacidad para gestionar eficazmente estos recursos y programas, y deberán trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones locales de ayuda social para garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

El impacto de esta decisión todavía está por verse, pero es un paso importante hacia un enfoque más localizado y adaptado a las necesidades de las personas en situación de calle. El Gobierno ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para reducir el número de personas sin hogar y mejorar su calidad de vida.