Mendoza abre un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas con tarjetas y préstamos

La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo de conciliación gratuita orientado a que los consumidores finales puedan renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras obligaciones financieras cuando los pagos comprometen de manera significativa los ingresos del hogar. La herramienta es administrada por la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC) y se enmarca en la política de Defensa del Consumidor de jurisdicción mendocina.

Según lo dispuesto en la normativa vigente, el procedimiento está dirigido a personas con domicilio real acreditado en Mendoza que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La convocatoria exige que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. En contextos de especial vulnerabilidad social, el umbral desciende al 25%.

A quiénes alcanza y qué deudas entran en la negociación

• Personas con menores a cargo, con discapacidad a cargo o que convivan con ellas.
• Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.
• Trabajadores desempleados, beneficiarios de programas sociales y quienes se desempeñen en la economía informal.
• Consumidores finales con préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.

Quedan fuera del alcance las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, así como los pasivos de origen empresarial o comercial que no respondan al consumo familiar. El capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Cómo se desarrolla el procedimiento

El trámite se inicia en la OCDC, donde el solicitante debe presentar el detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Defensa del Consumerismo procede luego a citar a los acreedores, que cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para responder a la convocatoria y acercar su propia información.

La instancia contempla la posibilidad de discutir quitas, períodos de gracia, eliminación de intereses punitorios y gastos por mora, y esquemas de cuotas adaptados a la capacidad de pago del deudor. Cualquier modificación de las condiciones originales requiere la conformidad expresa de los acreedores, ya que el Estado provincial carece de atribuciones para imponer unilateralmente los términos del acuerdo.

De este modo, la herramienta se presenta como un espacio formal de mediación que apunta a ordenar la situación patrimonial de los hogares endeudados, sin sustituir la voluntad de las partes involucradas ni alterar el orden de prelación de los créditos reconocidos por la legislación vigente.