Procesan con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado de activos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl A.M., de 77 años, como presunto autor del delito de lavado de activos, y le dictó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión la adoptó la jueza María Servini, a cargo del juzgado federal número 1, según fuentes judiciales consultadas por este portal.

La resolución pone la mira en una serie de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos que, para la magistrada, tendrían origen en la explotación sexual de mujeres. La causa se reactivó tras la extradición del acusado desde México, adonde había sido detenido en 2019 en la zona de Cancún y luego trasladado a la Argentina.

El eje del debate: las fechas de las maniobras

La defensa y el juzgado cruzaron argumentos sobre los años en los que habrían ocurrido las operaciones bajo sospecha. En su descargo escrito, Raúl A.M. sostuvo que las 26 maniobras que se le atribuyen, entre compras de inmuebles y administración de sociedades, se remontan a 2009, 2010, 2011 y 2012, y resultan anteriores al período del delito de explotación sexual que la propia pesquisa consideró acreditado, ubicado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El acusado también planteó que aquel antecedente se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían terminado archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. Pese a ese planteo, optó por no responder preguntas en la declaración indagatoria.

Qué respondió la magistrada

Servini consideró que existen elementos suficientes para sostener el procesamiento y rechazó tanto el sobreseimiento como la falta de mérito. En su resolución explicó que una sociedad creada antes de un delito puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de constitución de las empresas no alcanza por sí sola para descartar las maniobras investigadas.

• La jueza evaluó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del acusado.
• Entendió que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final en los registros.
• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Con el procesamiento con prisión preventiva firme, el expediente quedó a un paso del debate oral. Según fuentes judiciales, la próxima audiencia fue fijada para los próximos meses, una vez que se cumplan los plazos de notificación a las partes y eventuales apelaciones.