Separaron al juez de San Isidro y suman seis cargos en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar del cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial, según fuentes judiciales.

El expediente se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que prestaba tareas en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte. Relató mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, y propuestas de encuentros personales. Acompañó su presentación con chats y audios como respaldo.

Seis cargos formales del Ministerio Público Fiscal

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

La acusación penal se encuentra a cargo del fiscal José Amallo, en el marco de la investigación preparatoria correspondiente. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando impulso formal al jury. Con posterioridad se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso continúa con la etapa de producción y valoración de la prueba, según fuentes judiciales.

La próxima audiencia quedó fijada para el 12 de marzo, fecha en la que se prevé la prosecución del trámite de enjuiciamiento.