Templo Filadelfia: el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 acusados y fijó reparaciones por más de 2.170 millones de pesos

La reparación económica para 27 víctimas y las condenas a 27 integrantes de la organización que funcionó bajo el nombre Templo Filadelfia fueron parte del veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín. Los jueces fijaron un monto total de 2.170.467.831,20 pesos para las personas damnificadas e impusieron penas que llegaron a los 24 años de prisión.

Decomiso de bienes en siete provincias

Las medidas patrimoniales incluyeron el decomiso de 46 inmuebles distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro. El tribunal también ordenó decomisar 12 vehículos y el dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera. Además, dispuso la subasta de otros 15 automotores, una medida que había sido ordenada durante la instrucción, según fuentes judiciales.

Las penas más altas

Eva Petrona Pereyra recibió la condena más elevada, de 24 años. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. También la responsabilizó por su participación necesaria en delitos vinculados con la supresión de identidad, la sustracción y retención de un menor y la falsedad ideológica de documento público.

Rigoberto Ismael Mora Bogado, de 57 años, fue condenado a 21 años, y otros siete acusados recibieron penas de 18 años. Las condenas coincidieron con las solicitadas por el fiscal general Alberto Gentili, de la fiscalía federal de San Martín. En dos casos —el de Víctor Abraham Ayunta y el de Damaris Fernanda Sabich, ambos de 38 años— hubo condenas únicamente por asociación ilícita y absoluciones por trata agravada y reducción a la servidumbre.

Cómo funcionaba la estructura

Durante el debate se estableció que la estructura operó, al menos, desde 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020. Tenía sede principal en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en otros puntos del país, además de Paraguay y Brasil. Gentili describió un sistema de sometimiento de personas en situación de vulnerabilidad que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones. También señaló restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

El fallo declaró, además, la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra. La próxima audiencia fue fijada para el 18 de noviembre, según fuentes judiciales.